SANDRA GONZÁLEZ (PP) “EL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS, GÓMEZ MENACHO, DEBE CESAR DE SUS FUNCIONES”

 en la sección Actualidad

EL PP PIDE EL “CESE INMEDIATO” DE LOS RESPONSABLES DE LOS PLANES DE EMPLEO
El PP de Alcalá ha
exigido el cese inmediato de los responsables de ejecutar los planes de empleo
que “han supuesto un perjuicio a las arcas municipales de 4 millones de euros”.
Asimismo, ha solicitado que se paralicen los recursos en procedimiento y se inicien
los pagos sobre las sentencias ya estimadas.

La
presidenta del PP de Alcalá, Sandra González, ha declarado que “presentarán una
moción en el próximo pleno municipal para que el gobierno socialista acabe con
este disparate y deje con su ineptitud de generar gastos a la administración
local”.
Sandra
González ha aseverado que “el máximo responsable de este hecho, el concejal
delegado de Recursos Humanos, Antonio Gómez Menacho, debe cesar en sus
funciones de inmediato, puesto que su actuación y sus errores van a costar más
de 4 millones de euros a las arcas públicas. Reclamamos que se elabore un
informe económico sobre las sentencias ya dictadas, que se establezca un
calendario de pago de acuerdo con las disponibilidades económicas y que se
inicie el pago de las sentencias ya estimadas por los Juzgados de lo Social”.
Según
señalan los populares, los programas Emple@Joven y Emple@30+ iniciados en 2014
permitieron la contratación de casi 800 personas con dificultades para acceder
al mercado laboral, pero según la presidenta popular, “el problema subyace en
la nefasta gestión de los planes de empleo por el ejecutivo de Ana Isabel
Jiménez, por no haber aplicado de forma correcta el convenio del personal
laboral, que se traduce en un número ingente de demandas al ayuntamiento por
parte de los beneficiados”.
Por
último, la presidenta popular ha recordado que “los pronunciamientos judiciales
son en la mayoría de los casos favorables a los trabajadores, obligando a un
desembolso importante por parte de las arcas municipales. Pero los socialistas
recurren estas sentencias al Tribunal Superior de Andalucía y también al
Tribunal Supremo ocasionando gastos elevados con la indemnización de pago de
los intereses, las costas judiciales y los honorarios del letrado impugnante”.

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